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Un año de las jaimas de la libertad

«No me gusta el rey de Marruecos». Lo dice Bacha, la hija de Moula Balkhir, mujer de uno de los 24 saharauis presos que siguen en la cárcel de Salé, cerca de Marruecos, a la espera de juicio militar desde eldesmantelamiento del campamento de protesta saharaui de Gdeim Izik.

Bacha tiene sólo 24 meses de vida y el año pasado fue una de las miles de saharauis que vivieron en el acantonamiento. Ahora reside temporalmente en Salé con otras familias de El Aaiún, capital administrativa del Sahara Occidental, para poder visitar a su gente en la cárcel dos veces por semana.

El «campamento de la dignidad», como se le apodó, fue levantado a 15 kilómetros de El Aaiún a mediados de octubre de 2010. Su desmantelamiento, y los posteriores disturbios que se registraron en la ciudad, en los que se enfrentaron ciudadanos saharauis y marroquíes abrieron una brecha aún mayor entre estas dos comunidades y convirtieron este conflicto en el mayor registrado en el Sahara Occidental en los últimos años.

En Gdeim Izik habitaron durante un mes más de 25.000 saharauis en 7.500 jaimas. Sus reivindicaciones eran socioeconómicas aunque muchos de los saharauis del campamento asumían también un discurso político y reclamaban la autodeterminación del Sahara Occidental en la que se ha calificado por muchos analistas como la primera protesta de la primavera árabe.
Violencia

Allí crearon un «mini estado saharaui» que recordaba a los campamentos de refugiados de Tinduf y organizaron su propia seguridad, servicios de limpieza o de reparto de víveres, relata a este periódico uno de los saharauis que pusieron en marcha Gdeim Izik y que prefiere mantenerse en el anonimato. Antes del desmantelamiento, el comité de negociación del campamento mantuvo conversaciones con las autoridades marroquíes –llegaron a reunirse con el ministro del Interior- para desbloquear la situación.

Conversaciones que «a pesar de las promesas de Marruecos de cumplir con nuestras reivindicaciones sociales y económicas» desembocaron en el desmantelamiento, dijo entonces a El Mundo Omar El Mumeini, uno de los responsables saharauis de las negociaciones.

Entre las 5.00 y las 6.00 de la madrugada del pasado 8 de noviembre Marruecos entró por la fuerza en el acantonamiento para ponerle punto y final. En esta operación y los disturbios que le siguieron en la ciudad de El Aaiún perdieron la vida, según las autoridades marroquíes, 13 personas de las que 11 formaban parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cientos de saharauis fueron detenidos.

El 8 de noviembre el reino alauí despertó al campamento con el ruido de helicópteros militares y sirenas de ambulancia y vehículos policiales. Así anunciaron una evacuación en la que, según fuentes saharauis, seutilizaron gases lacrimógenos, piedras, porras, cañones agua caliente y balas de caucho. Marruecos justificó la operación con el argumento de que algunos de los saharauis de Gdeim Iizik estaban ahí en contra de su voluntad y para impedir actos violentos planeados por algunos individuos que habían introducido armas.
Miedo a las protestas

«En las últimas semanas han venido muchos policías y militares para estar preparados si hay manifestaciones», explica a ELMUNDO.es Hassana Duihi, miembro del Comité de Presos Saharauis. «Desde el desmantelamiento, además, ocuparon la zona de Gdeim Iizik con un cuartel militar».

«Todos nos preguntamos si hoy habrá protestas en las calles, sigue habiendo mucho dolor entre los saharauis por todo lo que pasó», continúa. La activista Aminatu Haidar, presidenta de Codesa (Colectivo Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos), tampoco sabe concretar si la gente saldrá a las avenidas de El Aaiún para recordar los sucesos de Gdeim Izik.

En su opinión, la situación ha empeorado y asegura que la represión se está centrando también ahora en los niños. «He puesto una denuncia porque a la salida del colegio la policía amenazó a mi hijo y le dijeron que lo iban a dejar en una silla de ruedas».

Haidar, además, recuerda que de los 24 presos de Gdeim Izik encarcelados en Salé, 22 empezaron en la medianoche del domingo una huelga de hambre abierta para reclamar su liberación o un juicio justo.

La francesa Claude Mangin, mujer de Enamaa Asfari, uno de los elementos más politizados del campamento, ha denunciado recientemente que hasta agosto de 2011 estuvo aislado en una celda y ha criticado la lentitud del proceso y que continúen en detención preventiva un año después de su detención.

Además, se queja de que algunos de ellos están enfermos y no han recibido los cuidados necesarios, de que no pueden recibir correo, ni acceder a la biblioteca o de que tienen restringidas las llamadas telefónicas.

«Al principio no podían ni ducharse, y sólo desde mayo podemos llevarles comidas preparadas, ropa o mantas, antes sólo nos dejaban entregarles agua y fruta», dice Mustapha El Machdoufi, hermano de otro de los presos que se ha desplazado a Salé con otras familias para visitar a su gente. «Esperemos que pronto puedan tener acceso a un juicio justo», reclama.

ELMUNDO.ES,  8/11/2011
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