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El conflicto del Sahara Occidental. Una noticia buena y malos augurios para los próximos cuatro años

Joven saharaui denunciando la violación de derechos humanos por parte de Marruecos


El mes que viene -como todos los meses de abril desde que la resolución 690 del Consejo de Seguridad acordara, hace ya veintiún años, la creación de la MINURSO- la ONU volverán a analizar la situación del Sahara Occidental y a decidir si acuerda o no la prórroga de una misión, que se creó para organizar un referéndum, pero no sólo no ha conseguido dar cumplimiento al objetivo para el que nació, sino que, años tras año, se ve en la tesiturar de tener que afrontar, sin instrumentos adecuados para ellos, los nuevos retos que con el trascurso del tiempo se le están planteando a la comunidad internacional en esta antigua colonia española, entre los que se encuentra, sin duda, el de la defensa y salvaguarda de los derechos humanos en su ámbito territorial. 

Aunque la última resolución del Consejo de Seguridad sobe el conflicto del Sahara Occidental -me refiero a la 1979 de 2011- pide al Secretario General de la ONU que presente su informe de situación “bastante antes de que finalice el período del mandato”, lo cierto es que el mandato concluirá el próximo 30 de abril y hoy, 7 de marzo, no tenemos aún noticia alguna del informe. Parece evidente, por tanto, que no estará disponible, tal y como pide el Consejo, ”bastante antes” de la fecha en la que se agotará la prórroga concedida a la MINURSO. En cualquier caso, nadie duda de que, cuando el informe llegue, prestará una atención especial al capítulo de los derechos humanos. Entre otras cosas, porque, en esta ocasión, el Secretario General ha sido expresamente emplazado por el propio Consejo de Seguridad para que “examine los desafíos a que se enfrentan las operaciones de la MINURSO” y el informe del año pasado, ya lamentaba el hecho de que la Misión careciese de un “mandato específico” sobre los derechos humanos que le permitiese dar respuesta a las denuncias de violaciones que habían sido presentadas durante el año precedente. Grave laguna ésta, que resulta más lacerante aún si se tiene en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, tampoco goza de presencia en el territorio. Es preciso, pues, que las Naciones Unidas incorporen un capítulo específico sobre los derechos humanos a su plan de acción sobre el Sahara Occidental.

No estoy hablando de una reivindicación novedosa. Soy consciente de ello. Hace años que las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humaos vienen reclamando el establecimiento de un mecanismo específico para garantizar su respeto en el conflicto del Sahara Occidental. Sin embargo, el caso de Aminatu Haidar, cuya digna imagen de resistente pacífica dio la vuelta al mundo y, sobre todo, los gravísimos sucesos que se registraron con ocasión del violento desalojo del camo de Gdim Izik, a 15 kilómetros de El Aaiún, han puesto de manifiesto, con más claridad, si cabe, que en cualquier otro momento anterior, la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con eficaci y rapidez con el fin de poner al desamparo de una población que, pese a encontrarse bajo el alto tutelaje de las Naciones Unidas, está padeciendo gravísimas violaciones de derechos humanos, sin el escudo defensivo de un sistema establecido por la comunidad internacional para impedirlo.

Es conocido que marruescos se ha apresurado a adelantar una propuesta con el fin de evitar la internacionalización del respeto a los derechos humanos en el Sahara Occidental. Pero no nos engañemos. Esa fórmula es claramente insuficiente. El Consejo Nacional de Derechos Humanos creado por el Gobierno marroquí con la promesa de actuará en estrecha conexión con los mecanismos de derechos humanos que ya existen en la ONu, no ofrece garantía alguna. No constituye una opción fiable y solvente. Es necesario, a mi juicio, actuar con más ambición. Es preciso dotar a la MINURSO de un sistema propio y específico de derechos humanos para el Sahara Occidental. Solo de esa manera puede garantizarse un nivel satisfactorio de respeto yprotección.

El respeto a los derechos humanos no es algo ajeno al objetivo de salvaguardar la paz y la seguridad internacionales. Las Naciones Unidas vienen insistiendo con una intensidad creciente en la estrecha relación existente entre ambos. La propia conceptualización de la obligación de proteger, que últimamente ha tomado carta de naturaleza en el seno de la ONU para justificar la intervención de la comunidad internacional en países cuyos gobernantes violan gravemente los derechos humanos de sus ciudadanos, es expresión de esta relación. Por ello, y hasta que no sea posible vislumbrar un acuerdo de fondo que permita dar una solución justa y duradera al conflicto del Sahara Occidental, resulta necesario adoptar medidas que contribuyan a humanizar el período transitorio.

En el caso del Sahara Occidental, la falta de resolución del problema de fondo, mediante el efectivo ejercicio del derecho de autodeterminación por parte del pueblo saharauir, constituye, en sí misma, una flagrante violación de los derechos humanos. Así lo hizo notar hace seis años el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos. Pero el hecho de que no podamos impedir que se produzcan estas violaciones, no debe llevarnos a descuidar lo que sí podemos hacer para impedir que se produzcan otras, no menos graves y preocupantes. Y el camino más efectivo por el que hoy podemos empezar a caminar en esa dirección es la ampliación de la MINURSO, mediante la creación de un mecanismo específico de protección de derechos humanos en el Sahara Occidental.

Y como estas cosas hay que plantearlas a tiempo -es decir, antes de que se reúna el Consejo de Seguridad, como todos los meses de abril, para abordar el problema del Sahara Occidental, esta tarde he defendido en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, una Proposición No de Ley en la que se insta al Gobierno a “impulsar, activamente, a través de la acción diplomática que resulte necesaria, la ampliación de las atribuciones de la MINURSO, de manera que ésta peda contar con unmecanismo de observación que supervise el respeto de los derehos humanos, tanto en el Sahara Occidental como en los campamentos de refugiados de Tinduf”.

Aunque en las postrimerías de la pasada legislatura, este planteamiento parecía contar con un respaldo bastante amplio de la cámara, no estaba claro que el PP, ahora en el Gobierno, fuera a respaldar una iniciativa que no puede gustar demasiado al Reino alauita. Sin embargo, la Comisión le ha dado su respaldo por unanimidad. Veremos, ahora, que tarea diplomática despliega el Gobierno para dar cumplimiento a la Proposición. El Estado español ya no es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, pero sí lo es de la Unión Europea y del Grupo de Amigos del Sahara y puede tender las redes de complicidad necesaria para que, a partir del próximo mes de abril la MINURSO cuente con un mecanismo de protección de los derechos humanos.

En la misma sesión se debatió otra Proposición No de Ley de UPyD, en la que se pedía al Gobierno que asuma de una vez por todas el papel activo y protagonista que le corresponde en el asunto del Sahara, e impulse, a todos los niveles, la adopción de las medidas necesarias para la celebración del referéndum de autodeterminación que exigen las resoluciones de la ONU. Pero esta iniciativa no prosperó. Sólo la apoyamos, IU, parte del Grupo Mixto y yo.

El debate sobre lo que el Gobierno español puede y debe hacer en relación con el conflicto del Sahara Occidental, constituye todo un clásico en la Comisión de Asuntos Exteriores. No hay período de sesiones en el que no se suscite, bien sea con ocasión de alguna comparecencia, o bien, con motivo d ela iniciativa de algún Grupo Parlamentario. Y he de decir que siempre -insisto, siempre- tropezamos con esa frase lapidaria que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU repiten una y otra vez en el Asunto del Sahara, cuando exhortan a las partes a “seguir negociando, bajo los auspicios del Secretario General, con buena y fe y sin condiciones previas, para la consecución de una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable, que permita la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de las disposciones y conforma a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”. Se trata de una cláusula de estilo que las resoluciones del Consejo de Seguridad reproducen año tras año y que ha sido citada tantas veces en la Comisión que se ha convertido ya en una vieja conocida de sus portavoces. Una vieja conocida que, dicho sea de paso, está haciendo posible que el transcurso del tiempo vaya consolidando, de hecho, las inmovilistas posiciones de Marruesoc y erosionando, progresivamente, las expectativas de los saharauis.

Hace ya muchos años que las partes negocian en este marco y el resultado es, más bien, precario. En 2007 se acordó iniciar una nueva fase con conversaciones directas entre las partes pero tampoco puede decirse que esta nueva estrategia haya arojado resultados tangibles. Las partes presentron sus propuestas al Consejo y se iniciaron los encuentros casi de inmediato. Pero cinco años después, la solución consensuada a la que urge el Consejo de Seguridad sigue tan lejos como al principio. Así lo reconocía el propio Secretario General en su último informe, cuando constataba que no se habían producido progresos en las cuestiones básicas del futuro estatus del Sahara Occidental y la forma en que debe llevarse a cabo la libre determinación del pueblo saharaui. Las partes -concluía el informe- “siguieron demostrando la voluntad política de reunirse periódicamente, pero aún no han demostrado la voluntad política de poner fin al estancamiento de la situación”.

La necesidad de que la solución política “justa y duradera” de la que hablan las resoluciones de la ONU, haya de ser, además, “mutuamente aceptable”, constituye un pretexto cómodo para que los sucesivos gobiernos españoles se crucen de brazos y opten por inhibirse. Me remito a la experiencia. No hay un sólo Gobierno, de entre los que han comparecido ante la Comisión de Exteriores durante los últimos 20 años que, ante la acusación de que no se implica lo suficiente en la resolución del conflicto saharaui, no invoque esta cláusula para justificar su pasividad. Todos dicen que aceptarán “lo que acuerden las partes”, sabiendo que el acuerdo entre las partes resulta poco menos que imposible y que el bloqueo del asunto, está contribuyendo, de hecho, a la consolidación de las posiciones defendidas por la potencia ocupante. Y en esto, García-Margallo no es una excepción. Cuando compareció en el Congreso de los Diputados hace ya varias semanas, se aferró como clavo ardiendo a la necesidad de que la solución al Sahara haya de ser “mutuamente aceptable”.

El problema es si, a la luz de la responsabilidad que corresponde al Gobierno español -como representante, que es, de la antigua potencia colonial- resulta admisible que pueda escudarse en la frase “mutuamente aceptable” para lavarse las manos, situarse al margen y no hacer nada. Yo creo que no. Pero los Gobierno españoles creen que sí. Todos. Los del PSOE y los del PP. De modo que, el cambio de Gobierno provocado por las elecciones del 20-N, no parece que vaya a reportar novedades esperanzadoras para los saharauis. Lamentablemente, me temo que, una vez más, nos esperan cuatro años perdidos para la resolución del conflicto del Sahara Occidental.

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