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La UE advierte a Marruecos de todo intento de legalización del Cannabis

La Unión Europa ha advertido a Marruecos de todo intento de legalizar el Cannabis porque va en contra de la política europea en la lucha contra la droga.

Fuentes diplomáticas de la UE han informado a Alifpost que algunos países como España, Francia, Bélgica y la propia UE ven con preocupación el debate surgido en Marruecos acera de la legalización del Cannabis.

Efectivamente, el parlamento marroquí ha sido durante la semana pasada escenario de un debate sobre la legalización del Cannabis por iniciativa del partido Autenticidad y Modernidad “PAM” y una ONG que lucha por el uso medicinal del Cannabis.

Las autoridades marroquíes han permitido la celebración del debate en el parlamento y eso indica que estaban de acuerdo con esta iniciativa que cobró más fuerza a raíz de la aprobación recientemente por parte del parlamento de Uruguay de una ley que permite la producción y la distribución del cannabis.

Las mismas fuentes indican a Alifpost que países europeos y la UE han solicitado al gobierno de Rabat información sobre este proceso y su plan para el futuro porque consideran que la legalización del Cannabis podría acentuar aún más la exportación de la droga hacia los países de la UE.

Marruecos es el primer productor y exportador del Cannabis en el mundo, la UE es su primer mercado por excelencia. España es la puerta principal de la entrada de la droga al espacio europeo.

De una forma inesperada, el ministro del interior Mohamed Hassad que mantuvo el silencio durante la celebración del debate acerca de la legalización del Cannabis, declaró este fin de semana que su ministerio va a seguir considerando el cultivo del cannabis como ilegal.

Estas declaraciones coinciden con el aviso de Naciones Unidas a Uruguay de que está violando las leyes internaciones contra la lucha contra la droga. En este marco, la Junta Internacional de Control de Estupefacientes (JIFE), órgano jurisdiccional superior perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), advirtió con severidad al gobierno uruguayo de que la norma viola tratados internacionales, a los que el país ha adherido.

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