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AI denuncia tortura en 140 países y lanza campaña para frenarla en México, Nigeria, Filipinas, Sáhara y Uzbekistán

'Stop Tortura' busca imponer "salvaguardias efectivas" para que los detenidos en estos países no sean torturados


MADRID (EUROPA PRESS)

Amnistía Internacional ha denunciado que en los últimos cinco años se han registrado casos de torturas en 140 países del mundo, al tiempo que ha anunciado la puesta en marcha de la campaña global 'Stop Tortura', centrada en erradicar esta práctica en Marruecos y el Sáhara Occidental, México, Filipinas, Nigeria y Uzbekistán, promoviendo el establecimiento de "salvaguardias efectivas" para que los detenidos no puedan ser maltratados ni torturados.

En la rueda de prensa de presentación de la iniciativa en Madrid, la directora adjunta de Amnistía Internacional en España, Eva Suárez-Llanos, ha explicado que su organización ha documentado casos de torturas en 140 países en los últimos cinco años y que esta práctica representa una "vergüenza política y diplomática".

"Un solo caso de tortura es inaceptable", ha subrayado, antes de hacer hincapié en que los gobiernos no hacen lo suficiente para impedir la tortura y para investigar a fondo los casos de maltrato y torturas bajo custodia que se denuncian.

Tras asegurar que en África la tortura es "una práctica generalizada", Suárez-Llanos ha denunciado que "30 países" de este continente ni siquiera contemplan en su legislación la tortura como un delito a perseguir y ha asegurado que Mauritania ha llegado a admitir recientemente como prueba en un juicio una confesión obtenida mediante tortura.

En América, ha afirmado que las condiciones en que se encuentran los reclusos en prisiones "de máxima seguridad" de Estados Unidos pueden ser consideradas en muchas ocasiones como un trato "cruel y degradante" y ha puesto de manifiesto que, desde 2006, en México han aumentado las denuncias de torturas contra los agentes de las fuerzas de seguridad y los ejércitos.

En Oriente Próximo, según ha explicado Suárez-Llanos, AI ha observado que el régimen sirio ha "generalizado" la tortura y la está empleando de forma "sistemática", lo que supone un "crimen contra la humanidad". En Egipto y en Libia, dos de los países que han sufrido los efectos de la denominada Primavera Árabe, las torturas continúan "arraigadas" porque las fuerzas de seguridad no están sometidas a control.

La directora adjunta de AI en España ha recalcado que la tortura y los malos tratos a detenidos son "frecuentes" y "habituales" en los países de la antigua Unión Soviética. En el caso de Europa, estas prácticas "no son frecuentes" pero, "cuando se producen", "quedan sin castigo".

En este sentido, ha recordado la "complicidad" de los países europeos en el programa de vuelos secretos de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) y ha denunciado que nunca fue "adecuadamente investigado" este proyecto desde Europa.

Apoyada por el informe 'La tortura en 2014', que recopila datos y casos sobre torturas en todo el mundo, la campaña 'Stop Tortura' tiene como objetivo luchar contra las torturas que ocurren "en las sombras", es decir, bajo custodia policial, en Marruecos y el Sáhara Occidental, Nigeria, México, Uzbekistán y Filipinas, países en los que buscará imponer "salvaguardas efectivas" que impidan que los detenidos sean maltratados y torturados.

La organización no gubernamental ha denunciado cinco casos de torturas sufridas por detenidos en estos países como ejemplo de la situación y ha exigido a las autoridades que tomen medidas para investigarlos, perseguir a sus autores y poner fin a la privación de libertad de los agredidos.


DENUNCIA LAS TORTURAS SUFRIDAS POR ALÍ AARRAS

Uno de los casos denunciados por AI es el de Alí Aarras, un ciudadano belga-marroquí nacido en Melilla que fue detenido por cargos relacionados con terrorismo en España y extraditado a Marruecos, donde ha sido sometido a varias formas de torturas, que van desde las amenazas a la violación, pasando por descargas eléctricas en las orejas y los genitales, quemaduras y palizas.

Su hermana, Farida Aarras, ha relatado en la rueda de prensa de Amnistía que, en diciembre de 2010, Alí estuvo doce días en régimen de incomunicación en un "centro secreto" de la Dirección General para la Vigilancia del Territorio, donde comenzaron las torturas.

Ha asegurado que 16 guardias torturaron a su hermano en el centro secreto de detención hasta que firmó una confesión en árabe, en la que se basó su posterior condena a prisión, y que su hermano está decidido a denunciar los abusos a pesar de las agresiones que ya ha afrontado y que teme lo que le pueda pasar. "No tiene intención de callarse", ha subrayado.

Por otra parte, Suárez-Llanos ha dado a conocer una encuesta realizada a nivel global por su organización, con preguntas a 21.000 ciudadanos de 21 países, incluida España, en la que "la gran mayoría de las personas" consultadas, "más de un 80 por ciento", creen que es "crucial" que haya normas claras contra la tortura y "más de un 40 por ciento" creen que podrían ser torturadas si son detenidas. Además, un tercio de los consultados consideran que la tortura "en algunos casos" puede estar "justificada".

SALVAGUARDIAS FRENTE A LA TORTURA

Entre las medidas que Amnistía Internacional propone como "salvaguardias efectivas" contra la tortura figuran que sólo "agentes autorizados" puedan realizar detenciones, que los arrestados tengan acceso en todo momento a un abogado, que la detención sea comunicada a la familia del detenido y que se guarden siempre "registros oficiales" de los arrestos.

Durante la custodia, AI propone que la "reclusión secreta" y el régimen de incomunicación queden prohibidos, que se garantice "un trato humano" al arrestado y que cuente con "un mecanismo de quejas" que sea "independiente, imparcial y eficiente".

También exige que, en el marco del proceso judicial, el arrestado sea llevado "sin demora" ante un juez y que pueda "impugnar la legalidad" de su detención, así como la prohibición del uso en los tribunales de "las declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos".

La ONG exige la prohibición de toda forma de tortura en los interrogatorios y que sean grabadas en vídeo o, "por lo menos", en audio todas las sesiones, además de que los agentes que hagan las preguntas no sean los mismos que han practicado el arresto.

Tras la puesta en libertad, AI aboga por que los arrestados puedan recurrir a "mecanismos de queja independientes y efectivos", tengan acceso a exámenes médicos realizados por "forenses independientes" y a que no puedan ser trasladados a países en los que puedan correr peligro de sufrir tortura y malos tratos.


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