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Human Rights Watch denuncia a Marruecos por "juicios injustos" con "pruebas ilegales"

Acusa a la policía de obtener confesiones de manifestantes y activistas del Sahara con torturas y abusos

Los afectados son manifestantes que reclamaban reformas, activistas políticos del Sahara Occidental contrarios a la ocupación de Marruecos y personas acusadas de conspiraciones terroristas a los que la policía ha torturado para conseguir confesiones. En muchos casos la policía les ha obligado a firmar declaraciones falsas y los que se niegan y lo denuncian ante el juez tampoco consiguen que se abra una investigación.

Human Rights Watch ha publicado un informe de 100 páginas titulado 'Sólo firma aquí' en el que denuncia que los tribunales de Marruecos están condenando a los detenidos sin un juicio justo, utilizando pruebas ilegales y confesiones falsas que la policía consigue con torturas y malos tratos.

El estudio, que analiza cinco juicios celebrados entre 2009 y 2013 con un total de 77 acusados, asegura que están metiendo en la cárcel a las personas detenidas basándose exclusivamente en las declaraciones aportadas por las fuerzas de seguridad. "Una vez que los policías marroquíes han conseguido una declaración, los acusados no entran en un proceso equitativo para determinar la verdad", explica Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África. "Entran en una carrera vertiginosa hacia un veredicto de culpabilidad".

Los afectados son manifestantes que reclamaban reformas, activistas políticos del Sahara Occidental contrarios a la ocupación de Marruecos y personas acusadas de conspiraciones terroristas a los que la policía ha torturado para conseguir confesiones. En muchos casos la policía les ha obligado a firmar confesiones falsas y los que se niegan y lo denuncian ante el juez tampoco consiguen que se abra una investigación.

"En Marruecos no llevan testigos, no tienen en cuenta pruebas materiales. Todo se basa en lo aportado por la policía", insiste Eric Goldstein, portavoz de la organización, quien señala que en todos los casos investigados los detenidos eran civiles y que algunos incluso fueron condenados por tribunales militares.

Desde 2013 una veintena de saharauis, entre ellos algunos activistas de derechos humanos, están cumpliendo largas penas de prisión por su presunta participación en la matanza de miembros de las fuerzas de seguridad cuando los policías desmantelaron un campamento de protesta de Gdeim Izik en el Sahara. Un tribunal militar los condenó por sus controvertidas "confesiones" ante la policía previas al juicio. El tribunal no llevó a cabo una investigación seria sobre sus denuncias de tortura.

En julio de este año el parlamento de Marruecos puso sobre la mesa una reforma del código de justicia militar que aún debe pasar algunos trámites para entrar en vigor. La nueva redacción del artículo 290 del Código de Procedimiento Penal permite a los tribunales, en los casos de delitos con penas de menos de cinco años de prisión, presumir la veracidad de las declaraciones preparadas por la policía judicial a menos que el demandado pueda probar lo contrario.

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