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Solicitud de amparo a Ban Ki Moon



Su Excelencia Ban Ki-Moon
Secretario General

Organización de las Naciones Unidas
 


Re: Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS-Sahara), Red de estudios sobre efectos de minas terrestres y muros en el Sahara Occidental (REMMSO), Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA),Observatorio Asturiano de Derechos Humanos para el Sahara Occidental, Observatorio Aragonés para el Sahara Occidental, Asociación Andaluza de Juristas por el Sahara (AJASAHARA) y Justicia i Pau.

Se entrega en Rabuni (Tinduf-Argelia), el 6 de Noviembre de 2014, en presencia de los y las artistas participantes en los VIII Encuentros Internacionales de Arte y Derechos Humanos del Sahara Occidental, ARTifariti 2014, organizados por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) y el Ministerio de Cultura de la RASD; y de la mano de Antonio Maíllo, Coordinador general de IULV-CA, los Presidentes de AJASAHARA, Francisco Serrano, y AFAPREDESA, Abdeslam Omar, y el responsable de ARTifariti y Presidente de la AAPSS, Fernando Peraita, que rubrican en nombre de los remitentes y suscriben la petición expresada en esta carta.


Su Excelencia:

Nuestras organizaciones, sociales y jurídicas, iniciaron hace cinco años una trayectoria de denuncias contra el Gobierno español que pedían la paralización de la venta de armas a Marruecos por poner estas operaciones en riesgo los derechos de la población saharaui. Informarle que en los últimos diez años, nuestro país ha vendido 193 millones de euros en armamento a Marruecos, siendo el país destinatario del mayor número de armas españolas dentro del continente africano.

Ante la sistemática vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, de la que usted es consciente como refleja en su informe al Consejo de Seguridad del 10 de abril de 2014, diferentes actores de la sociedad civil tomamos la iniciativa de presentar denuncias administrativas contra dichas exportaciones por entender inaceptable que España otorgara, de esta manera, apoyo logístico, militar y político a la potencia que ocupa ilegalmente el territorio después de una agresión militar.

Le adjuntamos a esta carta la nueva denuncia que hoy 6 de Noviembre de 2014, efemérides de la Marcha Verde, hemos interpuesto simultáneamente en los campamentos saharauis y en Madrid, y un histórico de las acciones legales y administrativas emprendidas por nuestras organizaciones en un intento de paralizar la autorización de venta de armas españolas a Marruecos. Estas exportaciones son ilegales, ya que contravienen entre otros compromisos internacionales el “Tratado sobre Comercio de Armas” del que España es firmante; causa de impunidad, otorgando respaldo político a un régimen autoritario; y dejan en situación de indefensión a la población del Sahara Occidental, a la que paradójicamente nuestro país debería proteger en su estatus de Potencia Administradora como le reconoce la legalidad internacional y más recientemente los propios Tribunales españoles (Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional emitido, confecha 4 de julio de 2014, en el caso de la muerte violenta del ciudadano español Baby Liamday Buyema, ocurrido en la mañana del día 8 de noviembre del 2010).

Hemos solicitado a nuestro Gobierno que investigase la presencia en el Sahara Occidental de material militar vendido por España a Marruecos, como los vehículos de alta movilidad técnica VAM TAC, cuya venta autorizó el Ministerio de Comercio durante los años 2008, 2009 y 2010 y que hemos visto rodeando los colegios de El Aaiún. Tenemos las fotografía que así lo atestiguan.

Hemos solicitado a nuestro Gobierno que suspendiese la autorización de venta de armamento a Marruecos al existir indicios racionales de que el material podía ser empleado en acciones con fines de represión interna o en situaciones de violaciones de los derechos humanos. El Gobierno sí lo hizo en el caso Libia en 2011 y Egipto y Taiwán en 2013. Y tenemos pruebas y testimonios de que la violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental ocupado es una realidad, además de sus propios informes, así lo ratifican los de sus Relatores, los de la Unión Europea (el más reciente el Informe Tannock de 22 de octubre de 2013) o los de prestigiosas organizaciones independientes como Human Rights Watch, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, Amnistía Internacional o Freedomhouse.

Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno español ha dado carpetazo a nuestras denuncias y ha rechazado su tramitación; priorizando la exportación de armamento frente a la protección de los derechoshumanos y la prevención de los conflictos, y siendo imposible el control jurídico y ciudadano de las autorizaciones administrativas en estas transacciones armamentísticas.

Por eso, ante esta situación de desamparo y movidos por nuestra preocupación acerca de las violaciones de los derechos humanos del pueblo saharaui, nos dirigimos a SE para solicitarle que, como depositario del “Tratado sobre comercio de armas”, exija a España el cumplimiento de las obligaciones que le incumben como país firmante de dicho Tratado, en concreto las prohibiciones establecidas en los Artículo 6 y 7, que limitan la transferencia dearmas, municiones o componentes a países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Además le instamos a que exija a nuestro país que respete las Resoluciones de Naciones Unidas, tanto en su condición de potencia administradora, que viola sus compromisos internacionales al autorizar ventas de armas a quien ocupa ilegalmente y por la fuerza un territorio que se encuentra a día de hoy pendiente de descolonización; como a los principios y fines enunciados en la Resolución 2625 (XXV) de 1970 de la Asamblea General donde se indica el deber de los Estados de abstenerse de instigar, ayudar o participar en actos de guerra civil o de consentir actividades organizadas dentro del territorio de los pueblos en proceso de descolonización encaminadas al uso de la fuerza, denunciando el deber de no recurrir a cualquier medida que prive a los pueblos coloniales a ejercer su derecho a la autodeterminación y conminando a los estados de abstenerse de toda medida que pueda agravar la situación de modo que ponga en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Le agradecemos de antemano su consideración de esta petición.

Atentamente,

Antonio Maíllo 
Coordinador general de IULV-CA 

Francisco Serrano 
Presidente de AJASAHARA

Fernando Peraita 
Presidente de la AAPSS y Productor Ejecutivo de ARTifariti 

Abdeslam Omar 
Presidente de AFAPREDESA


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