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El Sáhara al rojo vivo

Entierro el pasado noviembre de los ocho
saharauis asesinados en 1976 y exhumados
de dos fosas comunes por un equipo
español el pasado junio. / 
ARANZADI

El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, sube de temperatura sin que sople la ventisca del desierto. El frente llega desde el otro lado del Atlántico, desde la sede neoyorquina de la ONU. El Consejo de Seguridad, al que pertenece España, se reunirá cuatro veces este mes en una operación sin precedentes (días 16, 20, 24 y 28). La votación más polémica será determinar si se incorpora al expediente de descolonización la Carta Universal de Derechos Humanos. Si fuera así, el rumbo de un conflicto enquistado desde hace 40 años cambiaría de golpe.

Las embajadas de Marruecos y Argelia trabajan a todo trapo. Estos días visita El Aaiún el relator sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, el jurista argentino Juan Méndez. Su palabra va a misa. El informe que redacte será decisivo para que el enviado especial, Cristopher Ross, informe al Consejo de Seguridad.

Hasta ahora, la ONU despachaba en una jornada el sumario del Sáhara. Se limitaba a leer, como un mantra, las alegaciones de las partes encontradas y prorrogaba la misión de cascos azules conocida como Minurso.

El guión se repite desde 1991, tras el alto el fuego con el Polisario, y eso que Naciones Unidas lleva gastados más de 700 millones de euros en la dotación de soldados y personal administrativos.

Hoy la Minurso se limita a acciones de detonación de minas en las rutas que separan el muro de la zona gestionada por Marruecos (más de mil kilómetros) de la que linda con Argelia, Mauritania y Mali.

Pero este año será diferente. Estados Unidos quiere que Marruecos y Argelia mejoren sus relaciones, rotas desde 1994. Y El Sáhara es un motivo de crispación permanente, ya que el Gobierno argelino da cobijo en Tinduf a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Estados Unidos trata de frenar la ofensiva yihadista en Argelia y Marruecos rebajando la tensión sobre el conflicto saharaui

La insistencia de Washington no es baladí, porque se trata de poner las barbas en remojo. La ofensiva yihadista que sacude Egipto, Libia y Túnez amenaza la estabilidad del Magreb.

En el Estado Islámico (IS) están enrolados 4.000 marroquíes que se convierten en potenciales terroristas para la seguridad del gran vecino español.

Por otro lado, Marruecos y Mauritania se han incorporado a la alianza que bombardea estos días Yemen, en una coalición liderada por Arabia. Las operaciones bélicas contra poblaciones civiles (han muerto más de 180 niños) traen de cabeza a países como Irán, China y Rusia, que se oponen frontalmente.

La tensión en la península árabe está al máximo y, por extensión, el riesgo de atentados se recrudece entre los países que apoyan los ataques en Yemen.

“Incorporar los Derechos Humanos al Sáhara daría más cobertura a la Minurso, que jamás interviene en las detenciones y protestas del Sáhara”, denuncian fuentes polisarias consultadas por Meridian.

El cruce de intereses lleva, por tanto, a la ONU a tomarse con esmero el expediente del Sáhara.

Según las primeras filtraciones, Naciones Unidas pedirá acercamientos a las partes. El Polisario y Argelia deberán ceder en su reivindicación de un Sáhara libre e independiente. Marruecos, por su parte, renunciaría a la anexión de la colonia española y pondría en marcha mecanismos de gestión compartida similar a las de un Estado federal, tal y como reclamó Lorenzo Olarte en una conferencia pronunciada hace 10 años en El Aaiún.

Hoy por hoy, El Sáhara lo administra Marruecos pero su soberanía está en Naciones Unidas. España abandonó el territorio en 1976, tres meses después de iniciarse la Marcha Verde impulsada por Hassan II bajo el diseño de Henry Kissinger en plena caída del régimen franquista.

Según el censo de Naciones Unidas, existen 175.000 saharauis entre Sáhara, Mauritania y Argelia. Los demás habitantes de la colonia son marroquíes que han ido poblando las ciudades desde hace 40 años.

Canarias opera con tres compañías con las ciudades El Aaiún, Dajla y Guelmim, con dos y tres vuelos cada día.

En la actualidad, 35.000 saharauis han obtenido la nacionalidad española y otros 30.000 la tienen en trámite.

Meridian accedió a un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), fechado en Madrid el pasado mes de febrero.

A lo largo de 40 páginas, el documento denuncia que Marruecos comete infracciones contra los Derechos Humanos:
“Juan Méndez, relator de la ONU sobre la tortura, declaró que los malos tratos fueron utilizados para obtener confesiones, incluso en el momento de la detención, en las comisarías de policía y en la prisión de El Aaiún. El informe señaló testimonios relativos a violaciones, palizas, y aislamiento de varias semanas de personas acusadas de participar en actividades independentistas. ONG’s internacionales y locales denunciaron los abusos, especialmente, a defensores de la independencia saharaui. Los activistas que han sido puestos en libertad, han realizado acusaciones similares”.
“La mayoría de los incidentes de trato degradante ocurrieron durante o tras las manifestaciones independentistas o las protestas para pedir la liberación de presuntos presos políticos que se encontraban detenidos. Por ejemplo, el 9 de mayo de 2013, seis jóvenes manifestantes, entre ellos un niño de 17 años de edad, fueron detenidos durante una manifestación independentista bajo la acusación de “violencia contra funcionarios públicos” y “participar en una concentración armada”.
“El Hussein Bah, de 17 años de edad, declaró que fue golpeado y amenazado de violación durante la detención. Las autoridades negaron sus acusaciones y presentaron un video de él durmiendo pacíficamente en su celda”.
(…) “Las prisiones de Marruecos no cumplen con los estándares internacionales. El relator especial de la ONU para la tortura consideraba especialmente dura la situación de los condenados a muerte. Entre las situaciones que más destacan se encuentran el hacinamiento, el abuso físico y la falta de acceso a los servicios de salud”.
(…) “El Ministerio del Interior requiere tener un permiso para celebrar manifestaciones. El permiso raramente se concede para eventos orientados políticamente. El gobierno utilizó retrasos administrativos y otros métodos para suprimir o desalentar manifestaciones con tintes políticos”.
(…) “La legislación marroquí prohíbe a los ciudadanos criticar el Islam, la monarquía, o la posición del gobierno con respecto a la soberanía territorial. Medios de comunicación y blogueros saharauis con puntos de vista opuestos a menudo practican la autocensura en estos temas. No hubo informes de la acción del Gobierno contra los medios de comunicación y blogueros”.

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