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Sahara Occidental : Buscan juristas para ir a Rabat del 6 al 8 de Abril

Querido amigo,

La ACAT, (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) está participando en la constitución con urgencia de un colectivo de juristas para apoyar a los 13 detenidos saharauis que llevan a cabo una huelga de hambre desde el 1 de marzo para denunciar su tortura, su detención arbitraria y la inercia de la justicia marroquí.

Estos 13 detenidos forman parte de los 24 militantes y defensores de los derechos humanos saharauis que fueron detenidos, torturados y condenados por su participación en el campamento saharaui de protesta de Gdeim Izik. Usted encontrará más abajo una breve presentación de su causa.

Condenados el 16 de febrero de 2013 por un tribunal militar a muy pesadas penas de prisión al término de un proceso manifiestamente inicuo, esperan desde hace casi tres años para que su recurso de casación sea examinado. Sus torturas, su detención arbitraria y su condena han sido denunciadas por el Comité contra la tortura, por el Ponente especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y por el Grupo de trabajo sobre la detención arbitraria. En 2014, las autoridades marroquíes enmendaron la ley relativa a la justicia militar, para poner fin a la competencia de los tribunales militares sobre los civiles, pero los condenados de Gdeim Izik no fueron por ello juzgados de nuevo por un tribunal civil.

Como último recurso, 13 de estos detenidos empezaron una huelga de hambre ilimitada el 1 de marzo (los otros condenados los apoyan pero no pueden ayunar debido a problemas de salud vinculados con sus torturas y con las condiciones de detención. Las autoridades marroquíes hacen oídos sordos mientras que su estado de salud se deteriora día tras día. Sus abogados marroquíes y saharauies están desamparados.

Varias ONG tales como ACAT, Amnesty internacional y el REMDH (Réseau Euro-Méditerranéen des Droits de l'Homme) comunicaron recientemente la urgencia de la situación. Estas ONG se movilizan desde hace años para obtener la liberación de los detenidos.

Frente a la inercia de las autoridades marroquíes, los allegados de los huelguistas y ACAT invitaron a profesores de derecho y abogados a constituir un colectivo de juristas europeos en apoyo de los huelguistas y de sus abogados. Este colectivo tiene vocación de interpelar a las autoridades marroquíes para:

· liberar inmediatamente a los detenidos de Gdeim Izik;

· volver a juzgarlos de nuevo ante una jurisdicción civil excluyendo las confesiones firmadas bajo coacción;

· poner en marcha una investigación sobre sus alegaciones de tortura y de maltrato.

Una delegación del colectivo irá a Rabat la semana próxima para encontrarse con sus colegas marroquíes y saharauis, encontrarse igualmente con las autoridades marroquíes y las cancillerías y dar una conferencia de prensa. El colectivo publicará un comunicado de prensa para anunciar su misión. También está previsto publicar una tribuna durante el mes de abril.

Por el momento, el colectivo cuenta con miembros franceses, belgas y suizos. Estamos a la espera de una respuesta por parte de juristas de otras nacionalidades.

Estaríamos muy satisfechos por contarle entre los miembros del colectivo. Si usted tiene tiempo para ello, le invitamos a participar en la misión a Rabat del 6 al 8 de abril. Desgraciadamente no podemos retrasar esta misión organizada con urgencia porque tememos que la situación de los huelguistas se deteriore de modo irreversible. Aunque usted no puede unirse a la delegación, su participación en el colectivo es esencial porque refuerza la legitimidad de su acción.

En espera de su respuesta, le saludo muy atentamente.



Presentación de la situación de los detenidos de Gdeim Izik


A partir del 9 de octubre de 2010, millares de saharauis de El-Aaiún, Boujdour, Dakhla y Smara, ciudades situadas en la parte de Sáhara occidental bajo administración marroquí, dejaron su residencia para instalarse en campamentos temporales en el extrarradio. Se trataba de una espectacular movilización colectiva destinada a protestar contra las discriminaciones económicas y sociales por parte del gobierno marroquí de las que los saharauis se consideran víctimas.

El 8 de noviembre de 2010 por la mañana, los militares marroquíes, armados de cañones de agua y de bombas lacrimógenas, atacaron el campamento de Gdim Izik ocupado por cerca de 20 000 saharauis. En el curso de la evacuación forzada del campo, estallaron enfrentamientos entre el ejército y los manifestantes saharauis, en el curso de los cuales nueve soldados marroquíes habrían muerto. Siguió una ola violenta de represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad marroquíes, con el apoyo de civiles marroquíes que residen en territorio saharaui. Abrieron fuego sobre civiles en la ciudad de El-Aaiún, saquearon las casas y golpearon con brutalidad a sus habitantes. Las autoridades marroquíes llegaron a bloquear casi totalmente el acceso a la información en el mismo lugar. Centenas de militantes saharauis fueron detenidos, algunos de los cuales declararon haber sido torturados.

Entre ellos, 24 militantes, considerados como los dirigentes del campamento de protesta, fueron trasladados a Rabat para ser juzgados por un tribunal militar. Su proceso se abrió sólo 27 meses después del desmantelamiento del campo y 15 meses después se cerró la instrucción, sin que este retraso jamás hubiera sido justificado por el tribunal militar.

Según los testimonios de los detenidos recogidos por sus abogados, por lo menos seis de estos detenidos han sido violados con un garrote y se hicieron orinar encima durante su detención provisional. La inmensa mayoría fueron mantenidos durante varios días esposados, con los ojos vendados, privados de sueño y de alimentos. Algunos particularmente fueron mantenidos en la posición del pollo asado (suspendidos de una barra de hierro) y otros fueron quemados con cigarrillos o electrocutados. Todos fueron insultados y humillados.

El 16 de febrero de 2013, fueron condenados a pesadas penas de encarcelamiento por el tribunal militar de Rabat. Fueron juzgados culpables de asociación de malhechores, ultraje y violencias a funcionarios públicos y homicidios voluntarios. En particular

fueron acusados de ser responsables de la muerte de los nueve agentes de seguridad marroquíes muertos en el curso del desmantelamiento del campamento.

Nueve de los acusados fueron condenados a perpetuidad, cuatro a 30 años de encarcelamiento, otros siete a 25 años, tres a 20 años y los dos últimos, condenados a dos años de encarcelamiento, fueron liberados porque ya habían efectuado su pena en detención preventiva.

Este veredicto fue pronunciado al cabo de nueve días de proceso no equitativo marcado particularmente por la toma en consideración de confesiones obtenidas bajo tortura. Varios observadores internacionales presentes en las audiencias, denunciaron numerosas irregularidades entre las cuales, en primer lugar, el hecho de que los acusados hubieran sido juzgados ante un tribunal militar a pesar de su calidad de civiles. Además, no hubo ninguna autopsia de las nueve víctimas de las fuerzas de seguridad y su nombre ni siquiera fue mencionado. Los jueces se negaron a tener en cuenta las alegaciones de tortura formuladas por los acusados y a satisfacer su demanda de peritaje médico, en violación del derecho marroquí y del derecho internacional.

Ninguna prueba fue presentada sobre la implicación de los acusados en el homicidio de los agentes de seguridad. En cambio, claramente volvieron a surgir de los debates que las persecuciones contra los 24 acusados fueron motivadas por su compromiso a favor de la independencia del Sáhara occidental, lo que hace de ellos presos de opinión.

Fueron condenados sobre el fundamento de confesiones estereotipadas firmadas bajo coacción.
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